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Ciencias Económicas y Políticas 10°5 CUARTO PERIODO - Examen
Contribuido por: Becerra Perea
  • 1. Los Marines sobre Tumaco

    El espacio aéreo de Tumaco (Nariño) se convirtió en el centro de un intenso debate jurídico y político tras confirmarse que dos helicópteros militares UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, adscritos al Comando Sur, realizaron maniobras de evaluación operativa en la zona costera. A través de sus plataformas oficiales, la delegación militar estadounidense informó que la operación buscaba respaldar la seguridad hemisférica frente al tráfico ilícito de drogas y disuadir a actores armados ilegales.

    Sin embargo, la publicación encendió las alarmas de diversos sectores sociales, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición en Colombia. Las críticas apuntan a que el tránsito o permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio exige un estricto control político y constitucional para salvaguardar la soberanía nacional. Ante el silencio inicial del Gobierno, la situación escaló a los estrados judiciales mediante recursos radicados por organizaciones no gubernamentales. Un juez de la República ordenó formalmente al Ministerio de Defensa explicar los fundamentos legales y los protocolos bajo los cuales se autorizó dicha incursión aérea. El caso ha abierto un dilema estructural en las ciencias políticas del país: ¿Cómo equilibrar las estrategias globales de cooperación militar frente a los límites constitucionales que protegen la soberanía del territorio y los derechos fundamentales de las comunidades locales?


    El sobrevuelo de helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Tumaco (Nariño), difundido por el Comando Sur sin un debate previo público en el Congreso colombiano, reavivó una discusión jurídica y política. Desde el punto de vista del Artículo 9 de la Constitución de Colombia, ¿por qué este tipo de maniobras militares extranjeras genera un debate sobre la soberanía nacional?
A) Porque la soberanía solo puede ser ejercida por los gobiernos locales de los departamentos fronterizos y no por el Gobierno nacional. Colombia respeta la autodeterminación de cada pueblo
B) Porque el derecho internacional prohíbe de manera absoluta cualquier ejercicio combinado de entrenamiento o interdicción contra el narcotráfico.
C) Porque la soberanía nacional implica que el ingreso o tránsito de tropas y aeronaves extranjeras debe someterse estrictamente a la Constitución, a los convenios bilaterales vigentes y al control de los órganos del poder público.
D) Porque las Fuerzas Militares de Colombia pierden de forma permanente el mando de todas sus bases en el litoral del Pacífico.
  • 2. Los Marines sobre Tumaco

    El espacio aéreo de Tumaco (Nariño) se convirtió en el centro de un intenso debate jurídico y político tras confirmarse que dos helicópteros militares UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, adscritos al Comando Sur, realizaron maniobras de evaluación operativa en la zona costera. A través de sus plataformas oficiales, la delegación militar estadounidense informó que la operación buscaba respaldar la seguridad hemisférica frente al tráfico ilícito de drogas y disuadir a actores armados ilegales.

    Sin embargo, la publicación encendió las alarmas de diversos sectores sociales, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición en Colombia. Las críticas apuntan a que el tránsito o permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio exige un estricto control político y constitucional para salvaguardar la soberanía nacional. Ante el silencio inicial del Gobierno, la situación escaló a los estrados judiciales mediante recursos radicados por organizaciones no gubernamentales. Un juez de la República ordenó formalmente al Ministerio de Defensa explicar los fundamentos legales y los protocolos bajo los cuales se autorizó dicha incursión aérea. El caso ha abierto un dilema estructural en las ciencias políticas del país: ¿Cómo equilibrar las estrategias globales de cooperación militar frente a los límites constitucionales que protegen la soberanía del territorio y los derechos fundamentales de las comunidades locales?

    Ante el silencio inicial del Gobierno colombiano y las solicitudes de explicaciones por parte de sectores políticos sobre la presencia de los Marines estadounidenses en Tumaco, ¿qué función constitucional ejerce el Congreso de la República frente a estos actos del Ejecutivo?
A) El control jurisdiccional y disciplinario para destituir a los pilotos extranjeros involucrados.
B) El control político, el cual faculta al Congreso a citar a debates de moción de censura, requerir información a ministros y vigilar las decisiones en materia de relaciones exteriores y defensa.
C) El control fiscal para auditar los recursos invertidos en la fabricación de los helicópteros Venom.
D) El control constitucional como herramienta jurídica para defender la soberanía de un Estado Social de derecho mediante la expedición de sentencias de unificación de tutela como mecanismo directo.
  • 3. Los Marines sobre Tumaco

    El espacio aéreo de Tumaco (Nariño) se convirtió en el centro de un intenso debate jurídico y político tras confirmarse que dos helicópteros militares UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, adscritos al Comando Sur, realizaron maniobras de evaluación operativa en la zona costera. A través de sus plataformas oficiales, la delegación militar estadounidense informó que la operación buscaba respaldar la seguridad hemisférica frente al tráfico ilícito de drogas y disuadir a actores armados ilegales.

    Sin embargo, la publicación encendió las alarmas de diversos sectores sociales, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición en Colombia. Las críticas apuntan a que el tránsito o permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio exige un estricto control político y constitucional para salvaguardar la soberanía nacional. Ante el silencio inicial del Gobierno, la situación escaló a los estrados judiciales mediante recursos radicados por organizaciones no gubernamentales. Un juez de la República ordenó formalmente al Ministerio de Defensa explicar los fundamentos legales y los protocolos bajo los cuales se autorizó dicha incursión aérea. El caso ha abierto un dilema estructural en las ciencias políticas del país: ¿Cómo equilibrar las estrategias globales de cooperación militar frente a los límites constitucionales que protegen la soberanía del territorio y los derechos fundamentales de las comunidades locales?

    Tras la controversia por el sobrevuelo en Tumaco, un juez de la República ordenó al Ministerio de Defensa responder en un plazo de 48 horas para explicar las razones y la legalidad de dicha operación. ¿Qué principio del Estado Social de Derecho se manifiesta cuando la Rama Judicial interviene exigiendo explicaciones al Ejecutivo?
A) El sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) dentro de la separación de poderes, que evita abusos y obliga a las ramas del poder a rendir cuentas ante la ley.
B) La abolición del Ministerio de Defensa por extralimitación de funciones operativas.
C) La subordinación absoluta de la Rama Ejecutiva a las órdenes permanentes de los alcaldes municipales por ser mayoría en el país y las mayoría siempre tienen la razón.
D) La concentración de todas las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en una sola autoridad suprema.
  • 4. Los Marines sobre Tumaco

    El espacio aéreo de Tumaco (Nariño) se convirtió en el centro de un intenso debate jurídico y político tras confirmarse que dos helicópteros militares UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, adscritos al Comando Sur, realizaron maniobras de evaluación operativa en la zona costera. A través de sus plataformas oficiales, la delegación militar estadounidense informó que la operación buscaba respaldar la seguridad hemisférica frente al tráfico ilícito de drogas y disuadir a actores armados ilegales.

    Sin embargo, la publicación encendió las alarmas de diversos sectores sociales, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición en Colombia. Las críticas apuntan a que el tránsito o permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio exige un estricto control político y constitucional para salvaguardar la soberanía nacional. Ante el silencio inicial del Gobierno, la situación escaló a los estrados judiciales mediante recursos radicados por organizaciones no gubernamentales. Un juez de la República ordenó formalmente al Ministerio de Defensa explicar los fundamentos legales y los protocolos bajo los cuales se autorizó dicha incursión aérea. El caso ha abierto un dilema estructural en las ciencias políticas del país: ¿Cómo equilibrar las estrategias globales de cooperación militar frente a los límites constitucionales que protegen la soberanía del territorio y los derechos fundamentales de las comunidades locales?

    De acuerdo con el ordenamiento constitucional colombiano, ¿qué requisito legal o institucional suele generar mayor controversia jurídica cuando operan unidades militares o aeronaves de potencias extranjeras (como el Cuerpo de Marines de EE. UU.) en suelo o espacio aéreo nacional?
A) La falta de claridad o de debate sobre si el tránsito o permanencia de dichas tropas requiere la previa autorización o consulta formal del Senado de la República conforme a la Constitución
B) La prohibición constitucional de que Colombia pertenezca a cualquier organismo internacional en el mundo.
C) La obligación de que el presidente de la república renuncie a su cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares para que un militar entrenado pueda asumir dicho cargo
D) Que los pilotos extranjeros queden automáticamente exentos de cumplir las normas de tránsito terrestre en las vías de Tumaco , ya que ellos se rigen en cualquier parte por su propia Constitución.
  • 5. Lectura de Contexto: "La paradoja de los recursos: ¿Orden por la fuerza o pacto por la libertad?"

    Tras una crisis económica severa en una región apartada del país, el suministro de agua y alimentos básicos colapsó. Ante la ausencia de las autoridades, el territorio experimentó dos fases distintas. En los primeros días dominó el caos: algunos sectores acapararon los recursos mediante la fuerza física, dejando a los más débiles desprotegidos. Los analistas locales afirmaban que, sin un poder central que los controle, los seres humanos compiten de forma violenta por la supervivencia, demostrando que somos malos por naturaleza y que requerimos un Estado fuerte que imponga el orden.

    Sin embargo, con el paso de las semanas, los habitantes se organizaron de forma voluntaria. Crearon comités comunitarios para racionar los bienes equitativamente, respetando la propiedad de las familias y protegiendo a los ancianos. Quienes lideraron este proceso argumentaron que la razón humana nos permite cooperar pacíficamente sin necesidad de amenazas, demostrando que poseemos una tendencia natural al bien y derechos innatos (como la vida y la propiedad). Para ellos, el Estado no debe ser un opresor, sino un árbitro legítimo creado mediante un acuerdo común para proteger esos derechos básicos y evitar que la ambición de unos pocos arruine la convivencia.


    Durante los primeros días de la crisis, la falta de una autoridad provocó que los sectores más fuertes acapararan los recursos mediante la violencia. ¿Qué concepto de la filosofía de Thomas Hobbes describe esta situación?
A) El Estado de Naturaleza, definido como una guerra de todos contra todos debido a que el ser humano es egoísta y busca su propio beneficio en ausencia de leyes.
B) La Monarquía Constitucional, donde el rey cede todo su poder económico a las asambleas de los barrios afectados.
C) El Contrato Social, entendido como el acuerdo pacífico y voluntario donde los ciudadanos eligen democráticamente a sus gobernantes locales.
D) El Estado Social de Derecho, que garantiza la distribución equitativa de subsidios económicos a través de impuestos justos.
  • 6. Lectura de Contexto: "La paradoja de los recursos: ¿Orden por la fuerza o pacto por la libertad?"

    Tras una crisis económica severa en una región apartada del país, el suministro de agua y alimentos básicos colapsó. Ante la ausencia de las autoridades, el territorio experimentó dos fases distintas. En los primeros días dominó el caos: algunos sectores acapararon los recursos mediante la fuerza física, dejando a los más débiles desprotegidos. Los analistas locales afirmaban que, sin un poder central que los controle, los seres humanos compiten de forma violenta por la supervivencia, demostrando que somos malos por naturaleza y que requerimos un Estado fuerte que imponga el orden.

    Sin embargo, con el paso de las semanas, los habitantes se organizaron de forma voluntaria. Crearon comités comunitarios para racionar los bienes equitativamente, respetando la propiedad de las familias y protegiendo a los ancianos. Quienes lideraron este proceso argumentaron que la razón humana nos permite cooperar pacíficamente sin necesidad de amenazas, demostrando que poseemos una tendencia natural al bien y derechos innatos (como la vida y la propiedad). Para ellos, el Estado no debe ser un opresor, sino un árbitro legítimo creado mediante un acuerdo común para proteger esos derechos básicos y evitar que la ambición de unos pocos arruine la convivencia.

    La segunda fase de la crisis mostró que los ciudadanos fueron capaces de organizarse voluntariamente, respetando la propiedad privada y cooperando pacíficamente mediante el uso de la razón. ¿Cómo interpreta John Locke esta capacidad en su teoría política?

    La segunda fase de la crisis mostró que los ciudadanos fueron capaces de organizarse voluntariamente, respetando la propiedad privada y cooperando pacíficamente mediante el uso de la razón. ¿Cómo interpreta John Locke esta capacidad en su teoría política?
A) Como una manifestación de que la propiedad privada debe ser abolida para que el Estado controle todos los bienes existentes.
B) Como una prueba de que el ser humano necesita un dictador militar absoluto que vigile minuciosamente cada transacción económica.
C) Como el resultado de la imposición de leyes coloniales extranjeras que impiden la participación política de las comunidades.
D) Como una muestra de que los seres humanos son racionales por naturaleza y poseen derechos innatos a la vida, la libertad y la propiedad antes de que exista el Estado.
  • 7. Lectura de Contexto: "La paradoja de los recursos: ¿Orden por la fuerza o pacto por la libertad?"

    Tras una crisis económica severa en una región apartada del país, el suministro de agua y alimentos básicos colapsó. Ante la ausencia de las autoridades, el territorio experimentó dos fases distintas. En los primeros días dominó el caos: algunos sectores acapararon los recursos mediante la fuerza física, dejando a los más débiles desprotegidos. Los analistas locales afirmaban que, sin un poder central que los controle, los seres humanos compiten de forma violenta por la supervivencia, demostrando que somos malos por naturaleza y que requerimos un Estado fuerte que imponga el orden.

    Sin embargo, con el paso de las semanas, los habitantes se organizaron de forma voluntaria. Crearon comités comunitarios para racionar los bienes equitativamente, respetando la propiedad de las familias y protegiendo a los ancianos. Quienes lideraron este proceso argumentaron que la razón humana nos permite cooperar pacíficamente sin necesidad de amenazas, demostrando que poseemos una tendencia natural al bien y derechos innatos (como la vida y la propiedad). Para ellos, el Estado no debe ser un opresor, sino un árbitro legítimo creado mediante un acuerdo común para proteger esos derechos básicos y evitar que la ambición de unos pocos arruine la convivencia.

    La segunda fase de la crisis mostró que los ciudadanos fueron capaces de organizarse voluntariamente, respetando la propiedad privada y cooperando pacíficamente mediante el uso de la razón. ¿Cómo interpreta John Locke esta capacidad en su teoría política?

    Al comparar ambas posturas sobre el origen del Estado planteadas en la lectura, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el modelo de gobierno que propondría Hobbes frente al que propondría Locke?
A) Ambos filósofos coinciden en que el Estado es una institución innecesaria que debe ser destruida para permitir el libre desarrollo de las comunidades.
B) Hobbes propone un Estado absoluto (Leviatán) con poder total para garantizar la seguridad a cambio de obediencia; Locke propone un Estado limitado que actúe como juez neutral para proteger la libertad individual.
C) Hobbes defiende la democracia directa y el libre mercado; Locke apoya la tiranía hereditaria y la planificación económica centralizada.
D) Hobbes afirma que el Estado debe ser dirigido por la Iglesia; Locke sostiene que el poder político pertenece exclusivamente a las fuerzas militares.
  • 8. "El dilema del espacio público y el mínimo vital"

    En un municipio intermedio del país, la administración local decidió recuperar el parque principal y las vías peatonales, ordenando el desalojo inmediato de más de 150 vendedores informales. La alcaldía argumentó que el espacio público es un bien común de todos los ciudadanos y que su obstrucción frena el desarrollo turístico, el comercio formal y la seguridad local. Además, señalaron que la legalidad obliga a proteger las zonas comunes sobre los intereses particulares.

    Por su parte, el sindicato de trabajadores informales se opuso a la medida recurriendo al principio del Estado Social de Derecho. Explicaron que la mayoría son madres cabeza de hogar y adultos mayores que dependen de esa actividad diaria para su sustento básico. Los líderes comunitarios advirtieron que un desalojo forzado, sin ofrecer un plan de reubicación viable ni alternativas de empleo digno, vulnera de forma directa el derecho al mínimo vital y destruye la convivencia. Ante la inminencia de disturbios, la Personería Municipal convocó a una mesa de concertación de urgencia, instando a las partes a buscar un mecanismo pacífico de resolución de conflictos que equilibre el orden legal con la justicia social.


    La Constitución de 1991 define a Colombia como un Estado Social de Derecho. Frente al dilema de la lectura entre recuperar el espacio público o proteger el sustento de las familias vulnerables, ¿cuál es el principio fundamental que caracteriza a este modelo de Estado?
A) Permitir que los ciudadanos ocupen de forma permanente e ilegal cualquier bien público del municipio, eliminando la autoridad de la alcaldía.
B) Dar prioridad absoluta al libre mercado y a la propiedad privada formal, sin importar las consecuencias socioeconómicas sobre las poblaciones desprotegidas.
C) Suspender de manera indefinida la vigencia de todas las leyes comerciales para que la economía informal reemplace por completo al comercio formal.
D) El deber del Estado de intervenir activamente para corregir las desigualdades, garantizando que el orden legal no pisotee los derechos fundamentales como la dignidad humana y el mínimo vital.
  • 9. "El dilema del espacio público y el mínimo vital"

    En un municipio intermedio del país, la administración local decidió recuperar el parque principal y las vías peatonales, ordenando el desalojo inmediato de más de 150 vendedores informales. La alcaldía argumentó que el espacio público es un bien común de todos los ciudadanos y que su obstrucción frena el desarrollo turístico, el comercio formal y la seguridad local. Además, señalaron que la legalidad obliga a proteger las zonas comunes sobre los intereses particulares.

    Por su parte, el sindicato de trabajadores informales se opuso a la medida recurriendo al principio del Estado Social de Derecho. Explicaron que la mayoría son madres cabeza de hogar y adultos mayores que dependen de esa actividad diaria para su sustento básico. Los líderes comunitarios advirtieron que un desalojo forzado, sin ofrecer un plan de reubicación viable ni alternativas de empleo digno, vulnera de forma directa el derecho al mínimo vital y destruye la convivencia. Ante la inminencia de disturbios, la Personería Municipal convocó a una mesa de concertación de urgencia, instando a las partes a buscar un mecanismo pacífico de resolución de conflictos que equilibre el orden legal con la justicia social.



    Para evitar que el desalojo de los vendedores informales terminara en violencia, la Personería Municipal convocó a una mesa de diálogo social con los líderes del sindicato y delegados del gobierno local. ¿Qué principio de la democracia se materializa a través de esta acción?
A) El principio de centralización del poder, que establece que la única voz válida en una sociedad democrática es la decisión tomada por el alcalde electo.
B) El principio de las mayorías absolutas, según el cual el sector que tenga más personas asociadas puede imponer sus reglas por la fuerza al resto de la comunidad.
C) El principio de deliberación y pluralismo, que reconoce el diálogo social y la concertación como los caminos democráticos legítimos para resolver tensiones antes de recurrir a la fuerza estatal.
D) El principio de soberanía económica internacional, que obliga al municipio a acatar los lineamientos comerciales dictados por potencias extranjeras.
  • 10. "El dilema del espacio público y el mínimo vital"

    En un municipio intermedio del país, la administración local decidió recuperar el parque principal y las vías peatonales, ordenando el desalojo inmediato de más de 150 vendedores informales. La alcaldía argumentó que el espacio público es un bien común de todos los ciudadanos y que su obstrucción frena el desarrollo turístico, el comercio formal y la seguridad local. Además, señalaron que la legalidad obliga a proteger las zonas comunes sobre los intereses particulares.

    Por su parte, el sindicato de trabajadores informales se opuso a la medida recurriendo al principio del Estado Social de Derecho. Explicaron que la mayoría son madres cabeza de hogar y adultos mayores que dependen de esa actividad diaria para su sustento básico. Los líderes comunitarios advirtieron que un desalojo forzado, sin ofrecer un plan de reubicación viable ni alternativas de empleo digno, vulnera de forma directa el derecho al mínimo vital y destruye la convivencia. Ante la inminencia de disturbios, la Personería Municipal convocó a una mesa de concertación de urgencia, instando a las partes a buscar un mecanismo pacífico de resolución de conflictos que equilibre el orden legal con la justicia social.


    Si la mesa de negociación fracasara y la alcaldía decidiera realizar el desalojo forzado sin ofrecer alternativas de reubicación a las familias vulnerables, ¿cuál es el mecanismo constitucional inmediato y preferente que poseen los afectados para exigir la protección de su derecho al mínimo vital?
A) La Acción Popular, que tiene como único fin sancionar penalmente y enviar a prisión a los funcionarios de la administración local.
B) El Derecho de Petición colectivo, radicando cartas semanales ante el Concejo Municipal solicitando la modificación del presupuesto anual de turismo.
C) La Acción de Tutela, interpuesta ante un juez de la República debido a la vulneración o amenaza directa e inminente de sus derechos fundamentales.
D) El Referendo Derogatorio, convocando a elecciones municipales para anular de forma permanente el Plan de Desarrollo Local.
  • 11. "El dilema de la vía comunitaria y la solidaridad local"

    Tras una fuerte temporada invernal, la única vía terrestre que conecta a una zona rural agrícola con el centro de acopio económico sufrió un grave derrumbe. Ante la demora de las maquinarias estatales, un grupo de comerciantes formales propuso instalar un peaje privado provisional para financiar el arreglo rápido con obreros particulares, restringiendo el paso a quienes no pagaran la cuota diaria.

    Esta propuesta generó una división profunda. Las familias campesinas de menores recursos protestaron argumentando que la medida viola el Artículo 1 de la Constitución, el cual establece que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la solidaridad y la prevalencia del interés general. Señalaron que el libre tránsito por las vías públicas es un derecho colectivo conexo a su mínimo vital y que la propuesta mercantiliza una necesidad básica.

    Frente a la tensión, la personera municipal convocó a una asamblea democrática, recordando que el Artículo 2 obliga a las autoridades a garantizar la efectividad de los principios y derechos, y a facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Asimismo, instó a los comerciantes a recordar el Artículo 95 (Deberes del ciudadano), el cual exige obrar conforme al principio de solidaridad social ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. La asamblea busca crear una veeduría comunitaria que articule recursos públicos y mano de obra voluntaria para resolver pacíficamente el problema.


    El Artículo 1 de la Constitución Política define que Colombia está fundada en la "prevalencia del interés general" y la "solidaridad". En el contexto de la crisis vial descrita, ¿cómo se aplica correctamente este principio frente a la propuesta de los comerciantes?
A) Reconociendo que el interés general exige que la solución a una emergencia vial no excluya a los campesinos vulnerables, priorizando el bienestar colectivo sobre el beneficio económico particular.
B) Permitiendo que los comerciantes impongan el peaje privado, ya que el crecimiento económico individual siempre está por encima de los derechos comunitarios rurales.
C) Permitiendo que los comerciantes impongan el peaje privado, ya que el crecimiento económico individual siempre está por encima de los derechos comunitarios rurales.
D) Ordenando que el Estado expropie de forma definitiva las finanzas de los comerciantes para castigarlos por proponer soluciones de mercado.
  • 12. "El dilema del espacio público y el mínimo vital"

    En un municipio intermedio del país, la administración local decidió recuperar el parque principal y las vías peatonales, ordenando el desalojo inmediato de más de 150 vendedores informales. La alcaldía argumentó que el espacio público es un bien común de todos los ciudadanos y que su obstrucción frena el desarrollo turístico, el comercio formal y la seguridad local. Además, señalaron que la legalidad obliga a proteger las zonas comunes sobre los intereses particulares.

    Por su parte, el sindicato de trabajadores informales se opuso a la medida recurriendo al principio del Estado Social de Derecho. Explicaron que la mayoría son madres cabeza de hogar y adultos mayores que dependen de esa actividad diaria para su sustento básico. Los líderes comunitarios advirtieron que un desalojo forzado, sin ofrecer un plan de reubicación viable ni alternativas de empleo digno, vulnera de forma directa el derecho al mínimo vital y destruye la convivencia. Ante la inminencia de disturbios, la Personería Municipal convocó a una mesa de concertación de urgencia, instando a las partes a buscar un mecanismo pacífico de resolución de conflictos que equilibre el orden legal con la justicia social.

    El Artículo 2 señala que son fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación ciudadana. Cuando la personera cita a una asamblea democrática para buscar una solución conjunta entre alcaldía, campesinos y comerciantes, cumple con este mandato porque:
A) Promueve el pluralismo y la deliberación democrática, asegurando que las decisiones que afectan la economía y la convivencia del territorio sean concertadas por la comunidad
B) Reemplaza los tribunales de justicia locales por comités populares que redactan nuevas leyes comerciales internacionales.
C) Delega toda la autoridad legal en el alcalde para que tome una decisión autoritaria sin escuchar los argumentos de los afectados.
D) Obliga a los campesinos a aceptar las tarifas del peaje privado sin permitirles manifestar sus preocupaciones socioeconómicas.
  • 13. "El dilema del espacio público y el mínimo vital"

    En un municipio intermedio del país, la administración local decidió recuperar el parque principal y las vías peatonales, ordenando el desalojo inmediato de más de 150 vendedores informales. La alcaldía argumentó que el espacio público es un bien común de todos los ciudadanos y que su obstrucción frena el desarrollo turístico, el comercio formal y la seguridad local. Además, señalaron que la legalidad obliga a proteger las zonas comunes sobre los intereses particulares.

    Por su parte, el sindicato de trabajadores informales se opuso a la medida recurriendo al principio del Estado Social de Derecho. Explicaron que la mayoría son madres cabeza de hogar y adultos mayores que dependen de esa actividad diaria para su sustento básico. Los líderes comunitarios advirtieron que un desalojo forzado, sin ofrecer un plan de reubicación viable ni alternativas de empleo digno, vulnera de forma directa el derecho al mínimo vital y destruye la convivencia. Ante la inminencia de disturbios, la Personería Municipal convocó a una mesa de concertación de urgencia, instando a las partes a buscar un mecanismo pacífico de resolución de conflictos que equilibre el orden legal con la justicia social.


    El Artículo 95 de la Constitución estipula que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades, entre ellas, obrar con solidaridad social. Ante el colapso económico de la vía, ¿cuál es la conducta que exige este artículo a los habitantes con mayor capacidad económica?
A) Financiar ejércitos de seguridad privados para resguardar exclusivamente sus bodegas y mercancías particulares contra el descontento social.
B) Ignorar la situación de desabastecimiento de los campesinos aduciendo que cada sector debe resolver sus crisis con sus propios recursos.
C) Exigir al Gobierno nacional subsidios económicos internacionales en dólares para evadir el pago de cualquier impuesto municipal.
D) Colaborar con las autoridades y la comunidad, aportando soluciones viables y humanitarias que no vulneren los derechos de las poblaciones en riesgo.
  • 14. El Artículo 1 de la Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. Ante la propuesta de prohibir el paso por la vía a los campesinos que no tengan recursos económicos para pagar el peaje provisional, ¿por qué esta medida atenta contra la dignidad humana?
A) Porque las empresas constructoras privadas pierden el derecho legal de fijar libremente los precios de la canasta básica familiar.
B) Porque reduce el valor intrínseco y los derechos fundamentales de las personas a su capacidad de pago económico, aislando y desprotegiendo a la población vulnerable.
C) Porque interrumpe el flujo normal de importaciones de alta tecnología procedentes de mercados internacionales de libre comercio.
D) Porque obliga a los alcaldes y concejales a sesionar de manera permanente en las zonas rurales afectadas por el invierno.
  • 15. El Artículo 2 menciona que el Estado tiene como fin esencial asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Si la alcaldía decide usar la fuerza pública para imponer la solución de los comerciantes formales sin escuchar los reclamos de los campesinos, ¿qué elemento del orden justo se estaría vulnerando?
A) La autonomía económica de las multinacionales para explotar los recursos naturales sin regulaciones ambientales.
B) El principio de equidad distributiva, ya que el Estado estaría protegiendo el interés particular de un sector con recursos por encima del bienestar de la comunidad vulnerable.
C) El monopolio legítimo de la fuerza, debido a que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de conformar ejércitos civiles de control viales.
D) El principio de centralización política, que otorga inmunidad legal a las decisiones tomadas por los gobernantes locales.
  • 16. El Artículo 95 numeral 1 determina que es deber de todo ciudadano "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". Si los comerciantes bloquean la vía con una talanquera privada alegando que tienen derecho a recuperar la inversión económica que hicieron por su cuenta, su argumento es inválido bajo este artículo porque:
A) Los contratos privados de reparación de vías locales requieren la firma aprobatoria de la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
B) Los ciudadanos no pueden ejercer sus libertades económicas individuales afectando de manera desproporcionada los derechos fundamentales al libre tránsito y la alimentación de los demás.
C) La Constitución Política prohíbe explícitamente que los ciudadanos del sector privado organicen reuniones para dialogar sobre temas económicos.
D) El Ministerio de Transporte está obligado a pagar todas las deudas particulares de los comerciantes en un plazo menor a 24 horas.
  • 17. Dentro de las herramientas de convivencia en un Estado Social de Derecho, la personera propone crear una Veeduría Ciudadana mixta (campesinos, comerciantes y delegados de la alcaldía) para vigilar el uso de los fondos públicos que se destinarán al arreglo definitivo de la vía. Este mecanismo favorece la convivencia pacífica porque:
A) Permite que un comité popular reemplace las funciones de la Fiscalía y condene a prisión a los contratistas de forma directa.
B) Promueve la transparencia y genera confianza entre sectores con intereses opuestos, permitiendo que vigilen juntos que los recursos comunes se inviertan bien.
C) Otorga a los comerciantes el control total de las licitaciones públicas de infraestructura vial del departamento.
D) Elimina los impuestos municipales de valorización para todos los habitantes rurales del territorio nacional de forma permanente.
  • 18. El Artículo 95 numeral 7 establece como deber de los ciudadanos "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia". En medio de las tensiones, un grupo de personas daña la maquinaria local que intentaba abrir un paso alterno. Si un ciudadano conoce a los responsables de los daños materiales y decide testificar ante las autoridades, su acción se fundamenta en:
A) La aplicación de la justicia privada por mano propia en ausencia temporal de los jueces de la República en las zonas rurales.
B) El interés de recibir una recompensa económica directa financiada por los comerciantes formales del casco urbano.
C) El cumplimiento de su deber constitucional de cooperar con la justicia para preservar el bien público, la legalidad y asegurar la convivencia pacífica.
D) El principio de persecución política ilegal contra los líderes de los sindicatos y asociaciones agrarias del municipio.
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