CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS GRADO 10 TERCER PERIODO

1. En una finca de su propiedad en el departamento de Santander, un agricultor halla un yacimiento de hidrocarburos mientras realizaba excavaciones para un sistema de riego. Asumiendo que sus títulos de propiedad sobre la superficie están en regla, decide extraer el petróleo por su cuenta y venderlo de manera directa a una refinería clandestina, argumentando que lo que está bajo sus tierras es de su dominio absoluto. De acuerdo con el régimen económico de la Constitución, la actuación del agricultor es:

A) Correcta, bajo el principio de primer ocupante de los recursos hallados fortuitamente en propiedades privadas rurales.
B) Correcta parcialmente, siempre que entregue el 50% de las ganancias directamente al municipio donde se encuentra el predio.
C) Válida, ya que el derecho de propiedad privada sobre el suelo se extiende sin limitaciones hacia el centro de la Tierra.
D) Errónea, porque el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, requiriendo autorización o concesión legal para su explotación.

2. Dos grandes cadenas de supermercados de carácter nacional se ponen de acuerdo en una ciudad intermedia para unificar al alza los precios de la canasta básica y desplazar del mercado a los pequeños tenderos del barrio, imposibilitados para competir con dichos márgenes coordinados. De acuerdo con los mandatos del artículo 333, la acción de estas grandes superficies es reprochable porque:

A) Carece de ilicitud siempre que ambas empresas paguen una compensación tributaria anual a la superintendencia de industria y comercio.
B) Constituye un abuso de la posición dominante y una obstrucción a la libre competencia económica, lo cual el Estado debe impedir y controlar.
C) Vulnera únicamente las normas de protección al consumidor, sin implicar principios del régimen económico constitucional.
D) Representa un ejercicio legítimo de la libertad de empresa, ya que las corporaciones comerciales tienen autonomía total sobre sus precios.

3. Ante una crisis inflacionaria severa que encarece drásticamente los alimentos básicos, el Gobierno Nacional establece por ley un límite máximo a los precios de venta de estos productos para asegurar que las familias de menores ingresos puedan adquirirlos. Esta medida se fundamenta constitucionalmente en que:

A) El control de precios es una facultad exclusiva de los gremios de la producción y no de las instituciones públicas.
B) La sostenibilidad fiscal impide al Estado destinar recursos para regular los bienes de consumo masivo en el mercado interno.
C) La dirección general de la economía corresponde al Estado para racionalizar la distribución y consumo de bienes en pro de la calidad de vida y equidad.
D) El mercado se autorregula de manera natural y la intervención estatal destruye la libre iniciativa de los productores agrícolas.

4. Una sociedad no autorizada empieza a captar masivamente dineros del público prometiendo rendimientos financieros del 100% en un mes mediante esquemas virtuales informales. Las autoridades suspenden de inmediato sus operaciones y judicializan a los promotores. Esta intervención institucional responde a que:

A) Las actividades financiera, bursátil y de captación de ahorros son de interés público y requieren expresa autorización y supervisión del Estado.
B) Las rentabilidades altas demuestran eficiencia comercial y el Estado no debe obstaculizar el crecimiento de estas empresas emergentes.
C) El Estado solo puede intervenir en la banca pública, dejando el sector financiero privado sujeto a la autorregulación mercantil.
D) El ahorro privado es un derecho absoluto e inviolable que excluye cualquier tipo de control o inspección de las superintendencias.

5. La Asamblea de un departamento aprueba mediante ordenanza la creación de un monopolio sobre la producción y venta de licores destilados, estipulando que los excedentes financieros se destinarán íntegramente a robustecer los hospitales públicos locales. Desde la perspectiva constitucional, esta decisión es:

A) Inconstitucional, porque el único monopolio permitido en Colombia es el de la moneda emitido por el Banco de la República.
B) Legalmente aceptable solo si el monopolio es operado por una sociedad privada multinacional en lugar de una entidad territorial.
C) Inválida, ya que los departamentos tienen prohibido intervenir en el comercio de bebidas embriagantes por mandatos del régimen fiscal.
D) Constitucionalmente válida, dado que ningún monopolio puede establecerse sino como arbitrio rentístico con finalidad de utilidad pública, amparado en la ley.

6. En época de paz, un alcalde municipal emite un decreto transitorio para implantar un nuevo tributo local destinado a financiar la construcción de un parque recreativo, omitiendo la aprobación del Concejo Municipal. Dicho decreto resulta violatorio del ordenamiento constitucional porque:

A) En tiempo de paz, únicamente el Congreso, las asambleas y los concejos tienen la potestad de imponer contribuciones fiscales mediante ley, ordenanza o acuerdo.
B) Los impuestos locales de carácter recreativo están exceptuados del principio de legalidad corporativa municipal.
C) La medida es válida siempre y cuando el monto recaudado no supere el dos por ciento del presupuesto anual del municipio.
D) Los alcaldes tienen facultades plenas en materia impositiva siempre que los fondos recolectados se inviertan en infraestructura ambiental.

7. Una empresa manufacturera es sancionada ambientalmente tras desechar sustancias contaminantes en el río de una vereda. Sus propietarios reclaman que estas restricciones estatales violan su iniciativa privada y disminuyen el margen de ganancias de sus accionistas. La reclamación de la compañía carece de validez constitucional porque:

A) La empresa, como base del desarrollo, cumple una función social que implica obligaciones y responsabilidades ineludibles con el bien común.
B) La empresa posee inmunidad jurídica frente a las regulaciones de carácter ecológico y territorial.
C) Las sanciones financieras solo proceden si la compañía no cotiza en la bolsa de valores nacional.
D) El derecho a la propiedad privada empresarial anula cualquier deber del Estado en materia de inspección ambiental.

8. Cuando el precio de un bien en el mercado es demasiado alto, la cantidad de personas dispuestas a comprarlo disminuye de forma drástica, mientras que los productores fabrican más unidades esperando ganar más dinero. Este escenario genera un exceso de oferta. Para corregir este desequilibrio de forma natural en el mercado, se esperaría que:

A) El precio del bien tienda a bajar para estimular la demanda.
B) El mercado se cierre de forma definitiva por ley estatal.
C) Los productores suban aún más los precios para recuperar costos.
D) Los consumidores dejen de consumir todo tipo de productos.

9. En una economía social de mercado, el Estado interviene cuando se presentan "fallas de mercado", como los monopolios o la contaminación ambiental. Un sector político argumenta que el Estado no debe intervenir porque frena la iniciativa privada; otro sector afirma que sin regulación las empresas abusan del consumidor. Ante este dilema, la función política del Estado en la economía busca:

A) Eliminar por completo la propiedad privada para garantizar la igualdad total.
B) Permitir la libre empresa pero regulando para garantizar el bienestar común.
C) Dejar que los precios suban sin control para eliminar la pobreza.
D) Prohibir todas las importaciones para proteger solo el producto local.

10. El oligopolio es una estructura de mercado donde pocas empresas controlan la oferta de un producto o servicio, como ocurre a veces con las telecomunicaciones o la banca. Esta situación puede afectar negativamente a los ciudadanos porque:

A) La calidad del servicio aumenta de forma descontrolada y rápida.
B) Al ser pocas empresas, se pueden coordinar para fijar precios altos.
C) Los ciudadanos se ven obligados a crear sus propias empresas de servicios.
D) El dinero pierde su valor de intercambio de forma inmediata.

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